Registran 42 homicidios de actores políticos y sociales en Oaxaca desde 2022

Durante los cuatro años de gestión del gobernador Salomón Jara Cruz en Oaxaca, se ha documentado un panorama de violencia que afecta a diversos sectores de la vida pública y social. Según cifras oficiales consultadas este 23 de julio de 2026, el periodo administrativo contabiliza el asesinato de cinco presidentes municipales en funciones, un dato que preocupa a los organismos de derechos humanos y a las autoridades locales encargadas de la seguridad pública.

La estadística oficial detalla que, además de los ediles en ejercicio, la violencia ha alcanzado a ocho ex presidentes municipales, quienes fueron ultimados en hechos distintos a lo largo de este cuatrienio. Asimismo, la cifra de víctimas mortales incluye a nueve líderes sindicales y 21 activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo destacados representantes de comunidades indígenas, quienes mantenían una labor constante en las diversas regiones del estado.

Ante este escenario, diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado a las autoridades federales, incluyendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), una mayor coordinación para garantizar la integridad de quienes ejercen cargos públicos y labores de representación comunitaria. La exigencia se centra en el fortalecimiento de los mecanismos de protección y en la celeridad de las investigaciones para desarticular a los grupos responsables de estos ataques.

Por su parte, el equipo de gobierno estatal ha manifestado su intención de colaborar estrechamente con la Guardia Nacional y las fuerzas armadas para reforzar la vigilancia en los municipios considerados de mayor riesgo. Las autoridades locales han planteado la necesidad de implementar mesas de trabajo regionales que permitan una comunicación más directa con los ediles y líderes sociales, buscando prevenir nuevos actos de violencia mediante una presencia estratégica en las zonas con mayores índices de conflictividad.

La situación en Oaxaca refleja los retos que enfrenta la seguridad pública en el ámbito municipal, donde la cercanía de los representantes locales con la población los coloca en una posición de alta vulnerabilidad. El seguimiento de estas cifras por parte de las instituciones estatales y federales continúa siendo un punto crítico en la agenda de seguridad de la entidad, con la expectativa de que los esfuerzos de inteligencia permitan reducir la incidencia de estos delitos en el futuro próximo.