Organizaciones exigen creación de un sistema nacional de cuidados en México

Un colectivo conformado por diez organizaciones de la sociedad civil ha hecho un llamado urgente al Estado mexicano para consolidar un Sistema Nacional de Cuidados. Este grupo sostiene que la actual estructura de atención a infantes, personas mayores y ciudadanos con discapacidad enfrenta rezagos históricos que profundizan las brechas de desigualdad en todo el país. La propuesta se presenta en un momento donde la organización social de los cuidados es señalada como un pilar fundamental para el desarrollo económico y la equidad de género.

El planteamiento destaca que la carga de las labores de cuidado recae desproporcionadamente sobre las mujeres, quienes suelen abandonar el mercado laboral formal para atender responsabilidades domésticas. Las organizaciones argumentan que la falta de infraestructura pública y de políticas de corresponsabilidad limita la autonomía económica de millones de mexicanas. Este escenario, aseguran, requiere una intervención integral que involucre tanto a las secretarías de Estado como a los gobiernos locales para garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado.

Dentro de las recomendaciones, el colectivo propone la articulación de servicios de atención bajo estándares de calidad y cobertura universal. La idea central es que el Estado asuma una mayor responsabilidad en la provisión de servicios, reduciendo la presión sobre los hogares. Estas entidades proponen que el Congreso de la Unión priorice la discusión legislativa sobre los marcos normativos necesarios para dotar de presupuesto y operatividad a este sistema a nivel nacional.

Expertos en políticas sociales coinciden en que la implementación de este sistema permitiría una mejor distribución de los tiempos de trabajo no remunerado. La propuesta busca que la agenda pública considere la creación de centros de día y estancias infantiles con una visión de derechos humanos y perspectiva de género. Hasta el momento, las organizaciones mantienen mesas de diálogo para sensibilizar a los legisladores sobre la urgencia de transitar hacia un modelo que reconozca el valor social de estas tareas.

La respuesta de las autoridades ante estas demandas será determinante en los próximos meses para definir la viabilidad del proyecto. El debate se centra en cómo integrar los esfuerzos de instituciones como el IMSS, el ISSSTE y los servicios estatales de salud para crear una red robusta de apoyo. De lograrse un consenso, México podría avanzar hacia una política de bienestar más equitativa y adaptada a las necesidades demográficas actuales del país.