Morena propone revisar academias militarizadas tras fallecimiento de joven en Tamaulipas

La bancada de Morena en el Senado de la República presentó un exhorto para investigar el funcionamiento y los protocolos de las academias de formación militarizada en el país. Esta propuesta surge a raíz del reciente fallecimiento de una joven identificada como Dafne en una institución de este tipo ubicada en el estado de Tamaulipas, hecho que ha encendido las alarmas sobre las condiciones en las que se instruye a los menores dentro de estos centros privados.

El grupo parlamentario argumentó que es necesario establecer un marco de supervisión más estricto para evitar que los estudiantes sean sometidos a prácticas de disciplina excesiva o maltratos físicos. Según lo expuesto por los legisladores, existen antecedentes de denuncias previas que señalan el uso inadecuado de armas y métodos de adiestramiento que vulneran los derechos humanos de los adolescentes, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades competentes para verificar el cumplimiento de los reglamentos vigentes.

La propuesta busca que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colaboren en la creación de un padrón nacional de estas instituciones. El objetivo es asegurar que los programas de estudio y las actividades físicas cuenten con los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la integridad de los jóvenes, además de garantizar que el personal a cargo cuente con la capacitación psicológica y pedagógica adecuada para trabajar con menores de edad.

Por su parte, los familiares de la joven afectada han solicitado que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realice una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades. El caso ha generado un debate sobre los límites de la educación militarizada en el ámbito civil y la necesidad de una regulación federal que impida la autonomía excesiva de estos centros educativos, los cuales operan frecuentemente sin una supervisión directa del Estado.

La discusión en la Cámara Alta se enfocará en las próximas sesiones en determinar las facultades de las dependencias federales para clausurar o sancionar a los centros que no cumplan con los estándares de bienestar y protección a la infancia. Los legisladores han enfatizado que el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los estudiantes debe ser la prioridad sobre cualquier método de instrucción o adiestramiento particular.