Kenia López acusa a Luisa María Alcalde de vulnerar la ética pública

La senadora Kenia López Rabadán señaló este sábado a la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, por haber excedido los límites de la ética institucional. La legisladora de oposición afirmó que la funcionaria incurrió en una práctica cuestionable al hacer pública una lista que identifica a 120 cuentas de redes sociales consideradas como críticas hacia la actual administración gubernamental.

Durante su posicionamiento, López Rabadán argumentó que la exposición de ciudadanos y perfiles digitales desde una posición de poder gubernamental representa un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión. La senadora sostuvo que este tipo de acciones, lejos de contribuir a un debate público constructivo, generan un ambiente de estigmatización contra quienes manifiestan posturas divergentes a los planteamientos del Ejecutivo.

Por su parte, el entorno de la Consejería Jurídica ha sostenido en reiteradas ocasiones que la transparencia sobre la narrativa digital es parte de su estrategia de comunicación social. Argumentan que el objetivo es informar a la ciudadanía sobre los flujos de información que circulan en el ecosistema digital, evitando lo que denominan como campañas de desinformación coordinadas contra las políticas públicas vigentes.

La controversia ha generado diversas reacciones en la Cámara de Senadores, donde integrantes de distintos grupos parlamentarios han solicitado un análisis sobre la pertinencia de estas listas. Mientras la oposición exige que se garantice la privacidad y seguridad de los usuarios mencionados, los legisladores del oficialismo han defendido el derecho del gobierno a ejercer su réplica frente a las críticas constantes en las plataformas digitales.

Este nuevo episodio subraya la creciente tensión entre las instituciones federales y los actores críticos en el entorno digital. El debate se mantiene abierto sobre si este tipo de acciones constituyen una medida de transparencia legítima o si representan una extralimitación en el uso de los recursos y atribuciones de la Consejería Jurídica en el marco del actual mandato presidencial.