El poder notarial preventivo evita conflictos legales ante el Alzheimer en México

Notarios públicos en diversas entidades del país coinciden en que la falta de previsión legal complica gravemente la gestión patrimonial y personal cuando un familiar padece Alzheimer o demencia senil. Muchos ciudadanos asumen erróneamente que podrán tomar sus propias decisiones hasta el final de sus días, ignorando que, al perder la capacidad de ejercicio legal, la familia se enfrenta a procesos judiciales largos y desgastantes para obtener la tutela ante los juzgados de lo familiar.

El instrumento legal clave para este escenario es el poder notarial preventivo, una figura que permite a una persona designar a un representante de su entera confianza mientras aún conserva sus facultades mentales. Este documento otorga al apoderado la facultad de administrar bienes, realizar trámites bancarios y tomar decisiones de salud en nombre del representado, evitando que el patrimonio quede bloqueado o que la familia deba iniciar un juicio de interdicción para actuar legalmente.

Especialistas del gremio notarial señalan que, en los últimos meses, ha crecido la consulta sobre este trámite, aunque sigue siendo insuficiente frente a la prevalencia de padecimientos neurodegenerativos en México. La formalización ante un fedatario público es indispensable para garantizar que el documento tenga validez jurídica y sea respetado por instituciones financieras y autoridades de salud, cumpliendo con los requisitos que establece el Código Civil vigente en cada estado.

El procedimiento requiere que el otorgante esté en pleno uso de sus facultades mentales al momento de la firma, un requisito que subraya la importancia de actuar con anticipación. Una vez que la enfermedad ha avanzado a etapas donde la capacidad de razonamiento está comprometida, el trámite ya no es posible, dejando a los familiares en un estado de indefensión jurídica que solo puede resolverse mediante la intervención de la justicia estatal.

La recomendación de las notarías es acercarse a la oficina más cercana para recibir asesoría personalizada sobre los alcances de este poder, el cual puede ser limitado o general según las necesidades de cada familia. La prevención jurídica no solo protege el patrimonio familiar de posibles litigios, sino que garantiza que los deseos de la persona sean respetados en una etapa de vulnerabilidad.