Detectan sustancias psicoactivas en 38.3% de necropsias realizadas en México

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) dio a conocer un informe que revela una tendencia alarmante en salud pública: el 38.3% de las necropsias practicadas en 16 entidades federativas arrojaron resultados positivos a diversas sustancias psicoactivas. Los análisis forenses detectaron principalmente la presencia de alcohol, metanfetaminas, comúnmente conocidas como cristal, y fentanilo en los cuerpos analizados durante el periodo reciente.

Este diagnóstico, basado en la vigilancia epidemiológica de los servicios médicos forenses, subraya la magnitud del consumo de sustancias de alta peligrosidad en el país. La integración de los datos permite a las autoridades sanitarias identificar patrones de mortalidad asociados al uso de drogas, un fenómeno que ha concentrado la atención de especialistas en salud y seguridad pública ante el impacto directo en la integridad física de la población.

La Secretaría de Salud, a través de sus instancias correspondientes, ha enfatizado la necesidad de fortalecer los programas de prevención y atención a las adicciones para contener estas cifras. El reporte señala que el monitoreo constante es vital para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, que permitan una intervención oportuna en las zonas donde se ha detectado una mayor incidencia de fallecimientos relacionados con el consumo de sustancias.

Por su parte, el equipo de salud federal ha planteado la propuesta de ampliar los protocolos de detección y atención en los centros hospitalarios y clínicas adscritas al sistema IMSS-Bienestar. El objetivo planteado por las autoridades es mejorar la capacidad de respuesta ante las crisis de sobredosis y fortalecer la red de apoyo para personas con trastornos por uso de sustancias, buscando reducir los daños asociados a esta problemática creciente.

Los datos del SISVEA sirven como base para que el Poder Ejecutivo y los gobiernos estatales coordinen esfuerzos interinstitucionales. La estrategia se enfoca en la colaboración entre las secretarías de salud locales y las fiscalías estatales para homologar los registros forenses, permitiendo así una visión integral sobre el impacto de las drogas en la mortalidad a nivel nacional.