Cobro de comisiones por pago con tarjeta persiste en comercios mexicanos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió recientemente las actividades comerciales de una tienda en territorio nacional, tras confirmar que el establecimiento aplicaba cargos adicionales a los clientes por realizar pagos con tarjeta de crédito o débito. Esta práctica, que afecta directamente el bolsillo de los consumidores, ha cobrado relevancia en los últimos días debido al incremento en el flujo de ventas con motivo de las celebraciones por el Grito de Independencia, periodo en el que las familias mexicanas realizaron compras masivas de insumos básicos y productos festivos.

A pesar de las advertencias constantes de las autoridades, pagar con tarjeta se ha vuelto un proceso complejo para muchos ciudadanos, quienes reportan que diversos comercios trasladan el costo de la comisión bancaria al usuario final. La normativa vigente en materia de protección al consumidor establece que los precios exhibidos deben ser los que finalmente se cobren, por lo que añadir un porcentaje extra por el uso de terminales bancarias constituye una violación directa a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Desde la Profeco se ha señalado que las empresas tienen la obligación de asumir los costos operativos derivados de sus métodos de pago, ya que estos forman parte de su estrategia comercial y no deben repercutir en el cliente. La dependencia ha exhortado a los usuarios a denunciar formalmente cualquier establecimiento que condicione la venta o aplique recargos indebidos, facilitando canales digitales para que las quejas sean procesadas con celeridad y se realicen las inspecciones correspondientes.

El organismo regulador mantiene una vigilancia estrecha en diversos sectores del comercio minorista para prevenir que los abusos se normalicen. Mientras las autoridades intensifican sus operativos de verificación, los expertos en defensa del consumidor recomiendan a la población revisar detalladamente sus estados de cuenta y solicitar siempre el comprobante fiscal, el cual debe desglosar claramente los montos pagados sin incurrir en conceptos adicionales no autorizados.

Estas acciones de suspensión buscan sentar un precedente para disuadir a otros negocios de implementar prácticas similares durante las temporadas de alta demanda. La Profeco ha reiterado que no habrá tolerancia para aquellos establecimientos que intenten lucrar con el desconocimiento de los derechos del consumidor, manteniendo el compromiso de salvaguardar la economía familiar frente a irregularidades en el mercado minorista nacional.